Argentina: La gran prensa combate la democratización de la radiodifusión

Los grandes medios critican que el Senado argentino debata democráticamente una ley de radiodifusión –se llama Servicios de Comunicación Audiovisual– que sustituye una norma de la dictadura (1976-1983), el decreto ley 22.285/80.

El proyecto del Ejecutivo -ya aprobado en Diputados- no atañe a la prensa escrita, sino a la explotación privada del espectro radioeléctrico, universalmente considerado un bien público, normado por la UNESCO y regulado por el Estado de cada país, incluido EEUU. Pero la iniciativa del gobierno de Cristina Fernández concita el ataque furioso de los grandes diarios que invocan la “libertad de expresión”, máscara favorita de los monopolios privados que controlan el negocio de la información pública, en Argentina y prácticamente todo el mundo. Igual que cuando Venezuela democratizó su espectro radioeléctrico (ley Resorte).

La dictadura duró 7 años, hasta 1983, pero su decreto de radiodifusión tiene 29 años. Desde 1983 -26 años- hubo unos 70 proyectos de modificación que no prosperaron en el Congreso por presión de los grupos de poder. En más de ¼ de siglo no sólo no fue reemplazado el decreto de la dictadura, sino que fue modificado por más de 200 decretos del Poder Ejecutivo, sobre todo en los ’90, la década de Carlos Menem. Esas modificaciones, que “legitimaron” la norma de la dictadura, fortalecieron a los grupos –con Clarín a la cabeza- que ampliaron su protagonismo empresarial a la radio, el cable y la televisión. El resultado ha sido una legislación engendrada por dos regímenes nefastos: la dictadura y el neoliberalismo de Menem.

El campeón contra la ley es el grupo Clarín, que posee el diario homónimo más televisión, cable y radios. Entre los grupos extranjeros que abogan por el decreto de la dictadura, en vez de una ley de curso democrático, descuella el diario español El País, que pertenece al grupo Prisa. Y no es casual: Prisa tiene 10 licencias de radio en Argentina.